Por: Andrés I Pozuelo Arce

Costa Rica suele presentarse como un modelo de salud pública. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde un problema estructural que rara vez se discute con honestidad: la escasez inducida de médicos especialistas, producto de un sistema capturado por intereses gremiales.

La protección de la industria médica no comienza en el hospital, sino en la universidad. Carreras innecesariamente largas, cargadas de materias teóricas de bajo valor práctico, encarecen el acceso y reducen deliberadamente la cantidad de profesionales que logran graduarse. Esto no eleva la calidad; eleva las barreras de entrada.

El problema se agrava en las especialidades. En Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, en conjunto con universidades públicas, hospitales formadores y la CCSS, controla los cupos de residencia. Estos se mantienen crónicamente bajos, incluso en áreas donde la demanda es evidente. La consecuencia es previsible: listas de espera interminables, salarios protegidos y un mercado laboral blindado para quienes ya están dentro.

La escasez no es accidental. Es una estrategia institucional. Si la oferta de especialistas creciera al ritmo de la demanda, los tiempos de espera caerían y los precios se ajustarían. Pero eso implicaría competencia, y la competencia amenaza las rentas del gremio.

A esto se suma la rigidez para homologar títulos extranjeros y la prohibición práctica de delegar funciones a otros profesionales de la salud. Enfermeros especializados, médicos generales con formación adicional y nuevas tecnologías podrían aliviar la presión del sistema. No se permite, no por razones clínicas, sino por razones rentistas.

El costo lo paga el paciente. Quien depende de la CCSS espera meses o años. Quien puede pagar, migra al sector privado. Así, un sistema que se proclama solidario termina siendo regresivo, castigando más a quienes tienen menos opciones.

Reformar este modelo no es atacar la medicina ni sacrificar calidad. Es romper con el rentismo: ampliar cupos según demanda real, flexibilizar la formación, agilizar la homologación internacional y redefinir el rol de los colegios profesionales como garantes de estándares mínimos, no como carteles de entrada.

Mientras la calidad se siga confundiendo con escasez, la salud pública costarricense seguirá pagando un precio innecesariamente alto.

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